El Neopositivismo es un Humanismo
2. “Esta teoría puede ser peligrosa para su salud”.
Antes de responder a las críticas señaladas, es conveniente insistir en la pregunta con la que terminábamos la sección anterior, pues los ataques a las soluciones propuestas por los positivistas deberían en todo caso llevar consigo, o bien alguna respuesta diferente que no cayera en los mismos defectos, o bien un argumento que demostrase la imposibilidad de obtener una respuesta razonable. La cuestión es, naturalmente, la de qué afirmaciones pueden ser tomadas como “conocimiento”, o, dicho de otro modo, cuál debe ser la fuente de la autoridad cognitiva. Este es un problema epistemológico, por supuesto, pero por encima de todo es un problema social, o, si se quiere, político, pues de lo que se trata es, en definitiva, de por qué tú, o yo, o cualquier ciudadano, debemos creernos ciertas cosas en vez de otras, o, al menos, por qué debemos aceptar que la sociedad esté organizada sobre unas determinadas creencias en vez de sobre otras. El objetivo del positivismo consistiría, por decirlo así, en encontrar un cierto tipo de procedimientos que permitieran otorgar un “certificado de calidad” a las hipótesis u opiniones; algo así como un aviso de que “las autoridades cognitivas le advierten que la aceptación de esta teoría debe hacerse bajo su estricta responsabilidad”, o bien, “las autoridades cognitivas certifican que esta teoría ha pasado las pruebas pertinentes, y puede ser consumida sin peligro”. Vuelvo a insistir en que éste no es únicamente un problema de metodología de la ciencia (la disciplina que se ocuparía de establecer cuáles pueden ser esas “pruebas pertinentes”), sino sobre todo una cuestión política, pues la pregunta fundamental es la de cómo decidir quiénes han de ser las dichosas “autoridades cognitivas”.
Desde una perspectiva que tome como valor supremo el de la libertad -valor éste que presupone la posesión de los medios imprescindibles para ejercerla, todo lo cual no puedo justificarlo aquí con mucho detalle, aunque me temo que mi perspectiva será tachada de eurocéntrica y prepostmoderna-, desde una perspectiva liberal, decía, hay que tomar como hipótesis de partida la de que nadie puede ser obligado a aceptar aquello que no quiera creer. Curiosamente, este mismo principio es la base moral sobre la que se asientan en nuestros días las posiciones irracionalistas: “puesto que uno tiene derecho a pensar lo que quiera”, escuchamos a menudo, “nadie puede obligarme a abandonar mi creencia de que el relato del Génesis es literalmente verdadero, o de que las personas de ciertas razas son moral e intelectualmente inferiores a las de la mía, o de que los hechizos amorosos son efectivos, o de que la libertad en el mercado mundial de capitales favorece a los pobres, o de que el ser humano es bueno por naturaleza”. Hay que reconocer que este hecho -el de que, para justificar que alguien insista en mantener creencias tan manifiestamente absurdas, se acuda al derecho a creer lo que uno quiera- es claro síntoma del progreso habido en la sociedad occidental, pues, hasta no hace mucho, lo que faltaba era precisamente el derecho a oponerse a ciertas creencias. En realidad, la ciencia y la tecnología modernas proceden de una inacabada revolución cultural que ha permitido, por primera vez en la historia, que el ser humano tuviese la libertad, no siempre ejercida, de pensar lo que le pareciera, sin tener que aceptar obligatoriamente las mitologías impuestas por su sociedad. Ahora bien, ¿cómo es posible que el crecimiento explosivo de nuestros conocimientos sobre la realidad y el mantenimiento imperturbable de supinas estupideces sean fruto de una misma causa?
Para aclarar esta cuestión es necesario distinguir entre el derecho a pensar lo que uno quiera, que todos tenemos, y el supuesto derecho a que lo que uno piensa sea verdad, que no es, naturalmente, un derecho, sino un residuo de la tendencia humana a imponerse sobre los demás, pues está claro que muchos de los que se adjudican este “derecho” lo hacen sobre todo con el fin de imponer sus creencias a otros, y muy especialmente a los más jóvenes. Cuando una persona con razonable sentido común se encuentra con el desconcertante derecho a tener las opiniones que le parezca, lo primero que se preguntará es, en cambio, cuáles son las opiniones que más le interesará tener. En la mayoría de los casos prácticos, tenemos muy clara la respuesta a esta última pregunta: nos interesa tener creencias verdaderas, y esto significa en la práctica que habremos de intentar, en la medida de lo posible, que sean las cosas mismas las que nos dicten la opinión que debemos tener sobre ellas, aunque para hacerlo tengamos que someterlas a tortuosos e imaginativos interrogatorios. Por ejemplo, si soy un cocinero razonable, me interesará creer que dejar la comida puesta al fuego durante diez horas muy probablemente la calcinará; si soy un nadador razonable, me interesará creer que permanecer más de treinta minutos seguidos bajo el agua puede ser muy grave para mi salud; si soy un terrorista razonable (perdón por el oxímoron), me interesará creer que un tiro en la cabeza causa con más probabilidad la muerte que un tiro en la mano.
Desde un punto de vista evolutivo, la principal ventaja que pudieron obtener nuestros antepasados al desarrollar la capacidad de tener creencias sería la de poder forjarse representaciones del futuro que coincidieran razonablemente bien con lo que habría de sucederles llegado el caso. La ciencia moderna no es otra cosa que el intento de extender esta maravillosa capacidad natural (la de ajustar a la verdad nuestras creencias sobre asuntos cotidianos) hacia otros ámbitos en los que las autoridades cognitivas de otras épocas no la habían permitido desarrollarse, bien fuera por miedo al resquebrajamiento de su propia autoridad, o bien por el pánico también innato que los seres humanos tenemos a lo desconocido, a ir más allá de las seguridades que nos ha transmitido la tradición (este pánico es tan grande que los mitos, antiguos y modernos, insisten una y otra vez en que los descubrimientos importantes han sido hechos por héroes, o comunicados directamente por los dioses, más bien que por gente normal).
Así, cuando los seres humanos nos dimos la libertad de pensar como quisiéramos (cosa que comenzó a suceder muy lentamente, en un espacio geográfico y social muy restringido, y que todavía encuentra fuertes resistencias), una buena parte de quienes disfrutaron de esa libertad la pusieron en marcha, no para reafirmarse dogmáticamente en sus creencias (lo que también hicieron otros muchos), sino para ver adónde llegábamos dejando que nuestras creencias fueran dictadas en último término por la experiencia y por el razonamiento lógico, guías que habían sido tan provechosas durante milenios en campos tan importantes como la crianza de los hijos, la agricultura, la contabilidad, la caza, o la guerra. Digamos también que de esta liberación del sentido común no sólo surgió la ciencia moderna, sino también otros muchos de los elementos característicos de nuestra sociedad, como la tecnología, el gran arte, la empresa capitalista, o las instituciones políticas modernas.
La pregunta de por qué creer en los descubrimientos científicos ha de ser respondida, por tanto, en el mismo paquete que las cuestiones sobre por qué podemos confiar (si es que podemos) en los productos en que gastamos nuestro dinero, o en el funcionamiento de las instituciones, y la respuesta es, básicamente, que esta confianza dependerá de si las personas que han producido aquellas cosas o gestionado esas instituciones lo han hecho bajo un sistema de incentivos que asegure que ellas mismas se beneficiarán el máximo posible (en cualquier sentido en que ellas entiendan ese beneficio) si lo hacen de manera eficaz. Con respecto a la mayor parte de los productos tecnológicos y los demás bienes que podemos adquirir, el sistema de incentivos que mejor cumple esta función es, como se sabe, el mercado de libre competencia: cada empresa se esforzará en ofrecer el mejor producto posible, y a un precio razonablemente bajo, para evitar que los consumidores adquieran los productos de empresas rivales. Con respecto a las instituciones, el mejor sistema conocido es el democrático, en el que los gestores que no aciertan a satisfacer las demandas de los ciudadanos son expulsados en las siguientes elecciones, y en el que ciertos derechos básicos de los ciudadanos resultan intocables para cualesquiera gestores. ¿Y con respecto a la ciencia? En este caso parece que funciona bastante bien el sistema de competencia feroz entre investigadores, cada uno de ellos intentando demostrar mediante argumentos lógicos y observaciones empíricas que las hipótesis de los colegas fallan, pero también reconociendo públicamente el mérito de las hipótesis que logran superar dichas críticas. Ciertamente, la principal diferencia entre este sistema de control, por un lado, y el mercado o la democracia, por el otro, es que en el de la ciencia no aparecen por ningún lado los ciudadanos o consumidores, como sí lo hacen en los segundos; dicho de otra manera, las teorías científicas, el hombre de la calle ni las compra ni las vota.
¿Quiere esto decir que el contenido de la ciencia está fuera del control democrático? De ninguna manera, porque los ciudadanos tendrán una poderosa arma de control de la ciencia en la medida en que controlen el flujo de recursos que llegan a la investigación científica, y este control se establece fundamentalmente por tres vías. En primer lugar, las industrias fomentarán el desarrollo de conocimientos susceptibles de ser aplicados a la producción de bienes que los consumidores deseen comprar: el conocimiento de los fenómenos electromagnéticos ha sido impulsado en buena medida por el furibundo deseo que muchas personas tienen de ver la televisión, oír la radio, o hablar con sus amigos por el móvil. En segundo lugar, en los regímenes democráticos los gobiernos deben justificar ante los ciudadanos por qué financian unas determinadas líneas de investigación en vez de otras. Y en tercer lugar, el recurso económico principal que necesita la ciencia es precisamente su “fuerza de trabajo”: los científicos, que estarán seleccionados habitualmente entre aquellas personas que tienen un interés mayor en influir en el desarrollo de la ciencia. Por supuesto, también es verdad que tanto en el caso de la ciencia como en el del mercado, y no digamos en el de la política, habrá posiblemente formas de mejorar el funcionamiento de sus sistemas de control, sobre todo en la medida en que haya más ciudadanos cada vez más conscientes del tremendo control que pueden ejercer sobre estos sistemas mediante la combinación de sus decisiones; pero hay que estar muy cegado por algunas ideologías para negar que una parte notable de la población ha visto incrementado su bienestar, sobre todo en el último siglo, gracias al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la economía de mercado, y la política democrática, aunque esta mejoría no se haya extendido, lamentablemente, a otra parte de la población todavía mayor, y a pesar de que la eficacia de la ciencia y la tecnología, e incluso de la democracia, se hayan manifestado muchas veces bajo formas terriblemente crueles.
Lo más interesante del positivismo es, por lo tanto, su reconocimiento de que la validez de las hipótesis científicas se fundamenta (cuando existe) en la demostración empírica de que la realidad es como efectivamente debería ser si esas hipótesis fueran correctas, y asímismo su reconocimiento de que tanto aquella “demostración empírica”, como la prueba de la conexión lógica que existe entre cada conjunto de hipótesis y sus predicciones, sólo pueden llevarse a cabo mediante los procedimientos que estaban al alcance de nuestro sentido común desde la época de las cavernas: el razonamiento lógico y la repetición cuidadosa de las experiencias; pero estos procedimientos son aplicados por la ciencia con la mayor intensidad posible, con la mayor discusión intersubjetiva posible, y liberados de aquellas cortapisas culturales e institucionales que en otras épocas los limitaban.